Las instituciones políticas, a menudo van de la mano de intereses económicos de grandes sectores empresariales y tienen su discurso bastante trabajado, que es siempre el mismo, NO ESTÁ DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE, lo cual no es cierto ya que se obvian todos los informes y estudios que cuanto menos demuestran una reacción negativa y directa en nuestra salud de este tipo de contaminación (ver artículos en esta web), aplicar el “principio de precaución” es una obligación de estos gobernantes1, al cual no obedecen, priorizando el interés económico de unas determinadas empresas a salvaguardar la salud de los ciudadanos.
Luego, cuando se proponen medidas de protección para la ciudadanía, debido a los lobbys de presión, muchas veces se quedan en nada o rebajados considerablemente.
Se proponen medidas parlamentarias para la protección de los niños de la contaminación electromagnética.
05-10-2011
Vitoria, 5 oct (EFE).- El pleno del Parlamento Vasco ha aprobado hoy por unanimidad una resolución sobre los efectos de las ondas electromagnéticas en la que se piden campañas contra el uso inmoderado de teléfonos móviles entre los niños por los efectos perniciosos que pudieran tener en su salud.
La resolución propone al Gobierno Vasco que siga las recomendaciones que, sobre el uso de los teléfonos móviles por parte de personas de todas las edades, realicen tanto la Unión Europea como la Organización Mundial de la Salud.
El Parlamento también ha instado al ejecutivo de Vitoria a adherirse a la resolución del pasado mes de mayo del Consejo de Europa para reducir al máximo posible la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente de los niños a los de la telefonía móvil, entre otros puntos.
También ha acordado pedir al Gobierno que no descarte la aprobación de una ley en este ámbito, en favor de la protección de la salud.
Precisamente este debate ha estado motivado por una iniciativa de Aralar en la que se pedía la elaboración de una ley reguladora del uso e implantación de soportes e infraestructuras emisoras de ondas electromagnéticas.
Aralar defendía en su propuesta original que se determinaran los valores de exposición a que pueden estar expuestas las personas sin sufrir alteraciones celulares o biológicas, la realización de mapas por parte de los ayuntamientos que reflejen la contaminación electromagnética y la protección especial en el caso de hospitales, escuelas, residencias y otros centros sociales o asistenciales.
Dani Maeztu (Aralar) ha defendido el «principio de precaución» también en una cuestión como la implantación del wifi para que se dé prioridad al cable sobre este sistema inalámbrico.
Maeztu ha dicho que no se debe fomentar el alarmismo entre la población, pero tampoco la «desinformación» y ha rechazado el posicionamiento de otros grupos que argumentan que no hay una demostración científica de que las ondas electromagnéticas son perjudiciales para la salud.
Se ha preguntado por qué el Estado ha regulado los máximos de los campos si no son perjudiciales.
Natalia Rojo (PSE-EE) ha pedido que se huya del «alarmismo social» porque actualmente «no hay demostración científica que determine que estas ondas son perjudiciales para la salud».
Alex Etxebarria (PNV) también ha apostado por una actitud de «precaución» y, en este sentido, ha citado la conveniencia de dar prioridad a otros sistemas de conexión «sin prohibir el wifi».
Borja Semper (PP) ha recordado que está previsto que el próximo año la Organización Mundial de la Salud ultime un informe sobre esta cuestión y ha advertido de que en este tema «la precipitación puede ser tan negativa como la inacción». EFE
1 El lenguaje de la precaución ha sido adoptado en muchos tratados y convenciones internacionales, tales como la Declaración del Mar del Norte (1987), el Protocolo de la Capa de Ozono (1987), la Declaración Ministerial de la 2da. Conferencia Mundial sobre el Clima (1990), el Tratado de Maastricht que creó la Unión Europea (1994), la Ley del Mar de las Naciones Unidas (2001), y el Protocolo de Cartagena sobre la Bioseguridad (2000), entre otros.
El Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo (1992); dice: «Para proteger el ambiente, el enfoque preventivo deberá ser aplicado ampliamente por los Estados [naciones] de acuerdo con sus capacidades. Donde haya amenazas de daño serio o irreversible, la falta de una certeza científica total no deberá ser usada como una razón para posponer medidas rentables para prevenir la degradación ambiental». Rentable significa con el mínimo costo